Las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal y de Protección Civil de la 60 Legislatura local se declararon en sesión permanente de trabajo para revisar y enriquecer la propuesta de la diputada Rosa María Zetina González (morena) que busca crear los Comités Ciudadanos de Prevención de Protección Civil.
De acuerdo con la propuesta estos comités serían grupos ciudadanos socialmente organizados para fortalecer la cultura de protección civil a través de la prevención y formulación de un programa en sus comunidades. Se integrarían por vecinos voluntarios, registrados ante la Coordinación Municipal y los cargos serían honoríficos.
A petición del diputado Max Agustín Correa Hernández, presidente de la Comisión Legislativa de Protección Civil, apoyada por sus compañeros de bancada y por los diputados del PRI, PT, PRD, PVEM, la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón, presidenta de la Comisión de Legislación y Administración Municipal declaró en sesión permanente los trabajos de las comisiones unidas para continuar el análisis.
Antes, al dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, Max Correa destacó que la protección civil es clave para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía ante los desastres, y señaló que puede ser la diferencia entre salvar o perder vidas y en el tiempo de recuperación de la sociedad y de la economía después de un evento de gran magnitud.
Con base en información de la Cuenta Pública Municipal del 2017, el diputado señaló que, de los 125 municipios del estado de México, sólo 36 tienen cuerpo de bomberos, 41 tienen un Comité Permanente de Protección Civil, 72 cuentan con un Atlas de Riesgo, 22 con un programa interno de protección civil y solo 8 tienen coordinadores municipales de protección civil capacitados en la gestión integral de riesgos.
Esto da como resultado, precisó, que 77 por ciento de los ayuntamientos mexiquenses obtuvieron calificación crítica e insuficiente y 97 municipios no acreditaran la prueba denominada “Cuestionario para el Diagnóstico de los Consejos Municipales de Protección Civil y Atlas de Riesgos”, que busca fortalecer las políticas públicas y acciones gubernamentales para brindar mayor seguridad a la población, mitigando o previniendo los efectos destructivos, consecuencia de los fenómenos perturbadores.
Por ello, consideró Max Correa, la Legislatura debe implementar acciones para fortalecer la protección civil en los municipios, generando vínculos de colaboración con la ciudadanía.
La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (morena) propuso diversos cambios en la redacción de la iniciativa respecto a la elección, convocatoria, organización e integración de los comités, y el legislador Margarito González Morales indicó que, al legitimarse, los comités ciudadanos de protección civil se norma su registro y capacidad de gestión ante instancias públicas y privadas.
Su compañera legisladora, Elizabeth Millán García expuso que la participación ciudadana reconocida en la ley permitirá una protección civil más efectiva y opinó que la iniciativa contribuirá a que el cien por ciento de los ayuntamientos fortalezcan sus respectivos comités.
De morena también participaron el legislador Bryan Andrés Tinoco Ruiz, quien pidió a la proponente tomar en cuenta los planteamientos para mejorar la iniciativa, que no especificaba el registro de estos comités, competencias y sanciones en caso de incumplimiento de sus funciones, así como las convocatorias y el esquema honorífico, y Elba Aldana Duarte, quien pidió saber cómo se amortiguarán los gastos de operación de los nuevos comités.
La legisladora Araceli Casasola Salazar, del PRD, cuestionó el impacto de la creación de los comités en el erario municipal y pidió un ejemplo claro de los beneficios que aportaría.
Brenda Aguilar Zamora dijo que el Grupo Parlamentario del PRI considera que la creación de los comités se enmarca en las disposiciones de la Ley General de Protección Civil, además de que, por ser una política pública de alto dinamismo, es necesaria una coordinación estrecha entre los municipios y la ciudadanía.
