Durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, una cantidad considerable de Universidades Públicas fueron utilizadas para desviar recursos públicos, 14 de ellas cuentan con denuncias penales por la posible participación de fraudes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya actuó en contra de una primera universidad y bloqueó sus cuentas por recibir fondos del extranjero.
En total suman 31 denuncias interpuestas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pues cuatro instituciones han sido denunciadas en más de una ocasión.
La que más acumula irregularidades es la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con 9 denuncias penales y fue la primera institución educativa en ser denunciada en 2012, luego en 2015 y en 2017.
Le sigue la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) con siete denuncias penales; la Politécnica de Chiapas, con 2; la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, también con 2 denuncias, respectivamente.
La mayoría de casos son referentes al esquema de desvío conocido como la Estafa Maestra en el que hicieron convenios con dependencias de gobierno para que realizaran supuestos servicios, pero al no tener la capacidad, subcontrataban a empresas que eran irregulares o fantasma y, por tanto, el dinero desaparecía.
Para realizar este tipo de convenios, las dependencias de gobierno y universidades utilizaron la excepción a la Ley de Adquisiciones que permite hacer servicios entre entes de gobierno federal sin licitación, es decir, evaden la obligación de hacer un concurso abierto donde los proveedores compiten para escoger a quienes ofrezcan las mejores condiciones.
Además, el régimen fiscal de las universidades las considera como entres “no lucrativas” y por tanto están exentas de entregar reportes contables sobre las empresas que contratan como proveedores, como sí lo deben hacer las empresas lucrativas ante el Servicio de Administración Tributario (SAT).
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó las cuentas de una universidad tras detectar que recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en más de provenientes de más de 22 países como Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Sin embargo, para respetar el debido proceso, dijo que no haría público de momento el nombre de la universidad, que es investigada por presunto lavado de dinero luego de un reporte sobre operaciones financieras inusuales el 22 de febrero.
Exrector que firmó convenios, ahora dirige el Consejo de ciencia en Morelos.
Pese a que han pasado cuatro años de las primeras denuncias penales, ningún exfuncionario de las universidades ha sido procesado por las irregularidades detectadas. Incluso, dos de los rectores tienen puesto en otras instancias actualmente.
Jorge Olvera fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de México entre 2013 y 2017, periodo en el que la universidad fue denunciada penalmente, pero al concluir su administración, el Congreso mexiquense lo eligió como presidente de la Comisión de Derechos del Estado de México para el periodo de 2017 a 2021, por lo que sigue en el cargo.
Olvera, incluso, construyó su carrera en la universidad, pues antes de ser rector fue secretario técnico de la oficina de Rectoría, Abogado General y director de Desarrollo Administrativo.
La Universidad Autónoma del Estado de México fue denunciada por primera vez en 2014 por los convenios por 422 millones de pesos suscritos a través del Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict-UAEM) con el Consejo Nacional para la Culturas y las Artes (Conaculta) para “establecer las bases para la realización de actividades conjuntas, encaminadas a la ejecución de proyectos” durante el ejercicio fiscal de 2012.
Pero el Fondict-UAEM subcontrató a proveedores y no comprobó la realización de los servicios, por lo que, junto con el Conaculta fue integrado en cuatro denuncias de hechos en octubre de 2014.
Pese a ello, la Universidad y el Fondict volvieron a hacer 28 convenios y subcontrataciones de este tipo con empresas irregulares con la Secretaría de Desarrollo Social en 2013 y con el INEA, el ISSSTE y SUPERISSSTE en 2014 por 2 mil 878 millones de pesos. Por las irregularidades detectadas, la Auditoría le interpuso cinco denuncias penales más.
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