Deberán aclarar cómo se sancionará el acoso callejero

El acuerdo del Ayuntamiento de Toluca para sancionar el acoso verbal callejero contra las mujeres puede ser una medida para disuadir la violencia feminicida, pero también oportunidad para actuar con abuso de autoridad, así como detonar una controversia legal al estar ya está tipificada en el Código Penal del Estado de México, opinan especialistas en Derecho.

En tanto, para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la iniciativa del Ayuntamiento de Toluca es considerada un acierto y una medida destacada para mejorar la convivencia en la vía pública.

Enrique Lazaga Yamín, presidente de la Academia Mexiquense Jurisprudencia, comentó que ante los reiterados abusos de autoridad con inspectores, con policías municipales la medida puede ser objeto de justificación para ese abuso si no se cuenta con una capacitación sólida para un ejercicio debido de la autoridad.

Al precisar que el ayuntamiento no tiene facultades para legislar sobre conductas que ya están reguladas en un código general, por eso en caso de sancionar una conducta de este tipo tendrá que ser muy cuidadoso el ayuntamiento para no caer en abuso de autoridad, sobre todo en que la sanción sea acorde a la gravedad del hecho y sobre todo, probada y comprobada.

Porque es muy fácil generar normas que puedan ser populistas y pasen luego a ser letra muerta, porque no se dijo un proceso claro para determinar cómo se va a sancionar, bajo qué procedimiento y con qué pruebas, cómo se va a aplicar ese castigo, porque no se puede sancionar dos veces, una con la norma administrativa y otra con la penal; además de que tendrá que ser un juez quien imponga la sanción.

En entrevista por separado, el presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, Roberto Alpízar González, subrayó que una cosa es la medida administrativa que pueda dictar el ayuntamiento y otra es un delito, sobre todo porque el acoso se puede presentar de diversas maneras y dependerá de cómo quiera denunciarlo quien lo sufre, pues habría quien no quiera denunciarlo penalmente.

“Si es un riesgo, porque ahora surge la pregunta ¿cómo se puede acreditar? si es sólo con la imputación de la ofendida o si se requiere de testigos, pues entonces la ofendida tendrá que recurrir al dueño del negocio por donde iba pasando cuando se le acercó el agresor, por ejemplo, para poder tener un testigo que corrobore su dicho.

Desde el punto de vista legal si tiene su riesgo, pero desde el punto de vista sociológico a nadie le gustaría que a su hija le suceda esto, yo creo que el ayuntamiento trata de evitar que se pueda consumar el delito; es decir, inhibir que cualquier persona pueda acosar a la mujer”, agregó.

Resaltó que el acoso es un delito que la gente comete generalmente en la intimidad o donde la mujer esté más vulnerable; además de que es un delito que se conforma de otras conductas, pero si se encuentra algún elemento que configure un delito grave, el ayuntamiento tendría que poner al infractor a disposición del Ministerio Público, previa denuncia de la ofendida.

Por otra parte, Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), consideró la modificación al Bando Municipal de Toluca en la que se establece como falta administrativa el acoso en vía pública a las mujeres como una iniciativa destacada del Ayuntamiento, asumiendo el hecho de que la prevención de la violencia y la delincuencia tiene su primer frente en el ámbito local.

Reconoció al alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez y a los integrantes del gobierno municipal su empeño por mejorar la calidad de la convivencia en la vía pública en la ciudad capital, a través de la protección a la integridad y seguridad de la población femenina.

“Estamos en la disposición de colaborar para que dicha iniciativa sea armoniosa en términos legislativos y se lleve a cabo con éxito y en pleno respeto a los derechos humanos”, concluyó.

Nota e imagen de El Sol de Toluca